Reglamento de Ciberresiliencia (CRA): documentación técnica obligatoria durante 10 años desde 2026
El Cyber Resilience Act exige a fabricantes de productos digitales conservar el expediente técnico de ciberseguridad durante una década, con obligaciones de notificación ya vigentes desde septiembre de 2026.

Un nuevo reglamento europeo que obliga a documentar la ciberseguridad de sus productos
El Reglamento de Ciberresiliencia de la Unión Europea, conocido como Cyber Resilience Act o CRA, entró en vigor el 10 de diciembre de 2024 y durante 2026 empieza a exigir obligaciones concretas a miles de empresas que fabrican, distribuyen o importan productos con elementos digitales en España. No hablamos solo de fabricantes de hardware. El reglamento cubre software independiente, aplicaciones, dispositivos conectados, componentes de IoT y cualquier producto que se comunique con otro dispositivo o con una red. Si su empresa desarrolla software que vende en el mercado español o europeo, o fabrica un producto con un chip conectado a internet, el CRA le afecta directamente, y una de sus exigencias centrales es puramente documental: mantener un expediente técnico completo y conservarlo durante años.
Los plazos de 2026 que ya están en marcha
A diferencia de otras normas que parecen lejanas, el CRA tiene hitos que ya se aplican este mismo año. El 11 de junio de 2026 entraron en aplicación los artículos 35 a 51, que regulan los organismos de evaluación de la conformidad encargados de certificar los productos de mayor riesgo. Y el hito más relevante para la mayoría de empresas llega el 11 de septiembre de 2026: a partir de esa fecha, cualquier fabricante que sufra una vulnerabilidad explotada activamente o un incidente grave debe notificarlo a ENISA y al CSIRT designado en un plazo de 24 horas para la alerta temprana, 72 horas para el informe intermedio y un mes para el informe final. Esto obliga a las empresas a tener ya, hoy, un procedimiento documentado de gestión de vulnerabilidades, no algo que se improvise cuando salte la alarma.
La aplicación plena del reglamento, con la mayoría de obligaciones de conformidad para todos los productos, está prevista para el 11 de diciembre de 2027, pero quien espere hasta entonces para organizar su documentación llegará tarde a las obligaciones de notificación que ya rigen desde septiembre de 2026.
Qué debe contener el expediente técnico y cuánto tiempo hay que guardarlo
El Anexo VII del CRA detalla el contenido mínimo del expediente técnico que cada fabricante debe elaborar y mantener disponible para las autoridades de vigilancia del mercado. Entre otros elementos, debe incluir una descripción detallada del producto y su arquitectura, el análisis de riesgos de ciberseguridad realizado, las medidas de seguridad implementadas, las instrucciones de instalación y configuración segura, el procedimiento de gestión de vulnerabilidades y una declaración sobre el periodo de soporte de seguridad ofrecido al usuario.
Aquí está el punto que suele pasar desapercibido en las notas de prensa sobre el CRA: esta documentación debe conservarse durante un mínimo de diez años desde que se colocó en el mercado la última unidad del producto, no diez años desde el lanzamiento. Para un producto que se sigue vendiendo durante cinco o seis años, el periodo real de conservación puede superar los quince años desde la primera versión. Además, las actualizaciones de seguridad publicadas durante el periodo de soporte deben permanecer disponibles al menos diez años después de su publicación, o durante el resto del periodo de soporte si este es más largo. Esto implica versionar y archivar no solo el expediente inicial, sino cada actualización, cada parche y cada cambio en el análisis de riesgos a lo largo de toda la vida comercial del producto.
Cuánto puede costar no tener esto ordenado
El régimen sancionador del CRA se estructura en tres niveles. El incumplimiento de los requisitos esenciales de ciberseguridad puede acarrear multas de hasta 15 millones de euros o el 2,5 por ciento de la facturación anual mundial de la empresa, lo que resulte mayor. Las infracciones relacionadas específicamente con las obligaciones documentales, los procedimientos internos o la falta de cooperación con las autoridades pueden alcanzar hasta 10 millones de euros o el 2 por ciento del volumen de negocio mundial. Y facilitar información incorrecta o engañosa a un organismo de vigilancia puede costar hasta 5 millones de euros o el 1 por ciento de la facturación global. Más allá de la multa, las autoridades de vigilancia del mercado pueden ordenar la retirada del producto o prohibir su comercialización mientras la empresa no acredite que cumple.
Qué puede hacer una empresa española ahora mismo
Para la mayoría de pymes tecnológicas y fabricantes que venden en España, el reto no es tanto entender el reglamento como organizar internamente algo que hasta ahora vivía disperso entre repositorios de código, correos electrónicos y carpetas personales de ingenieros. El expediente técnico del CRA necesita un lugar único y trazable donde cada versión del análisis de riesgos, cada parche de seguridad y cada comunicación con ENISA o el CSIRT quede fechada y localizable durante una década o más.
Conviene empezar por un inventario de qué productos con elementos digitales comercializa la empresa, quién es responsable de cada expediente técnico y dónde se guardará de forma que sobreviva a cambios de personal, migraciones de sistemas o la salida del producto del catálogo. El plazo de septiembre de 2026 para la notificación de vulnerabilidades ya está encima, y el de diciembre de 2027 para la aplicación plena llegará antes de lo que parece si la documentación se sigue tratando como una tarea de última hora.


